El sistema de pensiones español se basa en un esquema de reparto, en el que los trabajadores activos contribuyen a través de sus cotizaciones a la Seguridad Social para pagar las pensiones de los jubilados.
Sin embargo, en los últimos años, ha habido preocupación sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español debido al envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el aumento del número de jubilados. Además, la crisis económica de 2008 ha tenido un impacto negativo en el sistema de pensiones debido a la reducción de empleos y, por lo tanto, de las cotizaciones a la Seguridad Social.
A pesar de estos desafíos, el gobierno español ha tomado medidas para abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En 2011, se introdujo una serie de reformas que incluyen aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años, aumentar el período de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años y aumentar las contribuciones de los trabajadores y los beneficiarios.
Además, en 2018 se descubrió un nuevo índice de revalorización de las pensiones que tiene en cuenta la evolución de los ingresos y los gastos del sistema de pensiones y que garantiza una subida mínima del 0,25% anual. También se ha creado un factor de sostenibilidad que se aplicará a partir de 2023 y que ajustará la pensión en función de la esperanza de vida.
A pesar de estas reformas, algunos expertos han señalado que el sistema de pensiones español todavía enfrenta desafíos significativos. Por ejemplo, la tasa de reemplazo de las pensiones en España (la proporción de la pensión que se recibe en relación con el salario anterior a la jubilación) es relativamente baja en comparación con otros países de la UE.
Además, el sistema de pensiones español también se enfrenta a desafíos a largo plazo, como el envejecimiento de la población y la necesidad de garantizar que haya suficientes trabajadores activos para financiar las pensiones de los jubilados.
