OficinaContable

Ser autónomo implica gestionar mucho más que la propia actividad profesional. Facturación, impuestos, cuotas, contratos o planificación financiera forman parte del día a día de cualquier trabajador por cuenta propia. Precisamente por ello, es habitual cometer errores que, aunque a veces parecen pequeños, pueden acabar generando sanciones, problemas económicos o pérdidas de dinero.

Uno de los errores más frecuentes es no separar las cuentas personales de las del negocio. Muchos autónomos utilizan la misma cuenta bancaria para gastos personales y profesionales, lo que dificulta el control financiero y puede generar problemas a la hora de justificar gastos ante Hacienda. Tener una cuenta exclusiva para la actividad facilita enormemente la gestión y la organización.

Otro fallo habitual es no guardar correctamente las facturas y justificantes. Para deducir un gasto no basta con haberlo pagado; es necesario disponer de la factura correspondiente y demostrar que está relacionado con la actividad. Perder documentación o no conservarla adecuadamente puede suponer pagar más impuestos de los necesarios.

También es muy común no reservar dinero para impuestos. Algunos autónomos utilizan todos los ingresos que reciben sin tener en cuenta que posteriormente tendrán que afrontar pagos trimestrales de IVA e IRPF. Esto provoca tensiones de tesorería y dificultades para cumplir con las obligaciones fiscales. Una buena práctica es apartar un porcentaje de cada factura para evitar sorpresas.

Otro error importante es elegir mal el sistema de tributación o la forma jurídica. Muchos autónomos continúan tributando como persona física cuando quizá ya les compensaría crear una Sociedad Limitada, mientras que otros crean una SL demasiado pronto y asumen costes innecesarios. Analizar la situación fiscal periódicamente es fundamental.

La falta de planificación también suele afectar a las deducciones fiscales. En ocasiones, los autónomos no aplican gastos que podrían deducirse legalmente por desconocimiento o miedo a cometer errores. Esto hace que paguen más impuestos de los necesarios. Contar con asesoramiento adecuado puede ayudar a optimizar la fiscalidad dentro de la legalidad.

Otro problema frecuente es no revisar contratos, presupuestos o condiciones con clientes. Trabajar sin acuerdos claros puede derivar en impagos, conflictos o dificultades para reclamar cantidades pendientes. Formalizar correctamente las relaciones profesionales aporta seguridad y evita muchos problemas futuros.

Muchos autónomos también descuidan aspectos laborales y de Seguridad Social, especialmente cuando empiezan a contratar trabajadores. Errores en contratos, nóminas, registro horario o cotizaciones pueden derivar en sanciones importantes por parte de la Inspección de Trabajo.

Además, es habitual centrarse únicamente en el trabajo diario y olvidarse de la planificación a largo plazo. Aspectos como la jubilación, el ahorro o la protección ante bajas médicas suelen dejarse en segundo plano, cuando precisamente los autónomos necesitan una mayor previsión financiera.

La baja médica, también conocida como incapacidad temporal, es una situación en la que un trabajador no puede desempeñar su actividad laboral debido a una enfermedad o accidente. Aunque es un procedimiento habitual, todavía genera muchas dudas tanto para trabajadores como para empresas sobre cuáles son los derechos y obligaciones de cada parte.

Cuando un trabajador se encuentra incapacitado para trabajar, debe acudir al médico, que será quien valore si procede emitir una baja médica. Esta puede derivar de una enfermedad común, un accidente no laboral, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Dependiendo del origen de la baja, las condiciones económicas y las responsabilidades pueden variar.

Uno de los principales derechos del trabajador es recibir asistencia sanitaria y, en la mayoría de los casos, una prestación económica mientras dure la baja. La cuantía depende del motivo de la incapacidad y de lo establecido en el convenio colectivo aplicable. Generalmente, en casos de enfermedad común, el trabajador no cobra durante los primeros días o percibe un porcentaje reducido de su base reguladora, mientras que en accidentes laborales la cobertura suele ser más favorable.

El trabajador también tiene derecho a conservar su puesto de trabajo mientras dure la incapacidad temporal dentro de los límites legales establecidos. Además, la empresa no puede despedir a un trabajador únicamente por el hecho de estar de baja, especialmente si existen circunstancias que puedan implicar discriminación o vulneración de derechos.

Sin embargo, junto a los derechos también existen obligaciones. El trabajador debe seguir las indicaciones médicas, acudir a las revisiones y facilitar la documentación necesaria a la empresa y a la Seguridad Social. También tiene la obligación de actuar de buena fe y no realizar actividades incompatibles con su situación médica, ya que esto podría derivar en sanciones o incluso en el despido disciplinario.

Por parte de la empresa, una de las principales obligaciones es tramitar correctamente la documentación relacionada con la baja y mantener la cotización del trabajador mientras dure la incapacidad temporal. Además, debe respetar los derechos laborales y salariales establecidos por la ley y el convenio colectivo.

La empresa también puede realizar determinadas actuaciones de control, como verificar la situación del trabajador a través de mutuas colaboradoras o servicios médicos autorizados. No obstante, estas actuaciones deben respetar siempre la intimidad y los derechos del empleado.

Otro aspecto importante es la duración de la baja médica. La incapacidad temporal tiene unos límites máximos establecidos legalmente y, dependiendo de la evolución del trabajador, puede producirse el alta médica, una prórroga o incluso iniciar un procedimiento de incapacidad permanente.

En definitiva, la baja médica implica una serie de derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para la empresa. Conocer correctamente cómo funciona este proceso ayuda a evitar conflictos y garantiza el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social. Ante cualquier duda, contar con asesoramiento profesional puede ser fundamental para actuar correctamente y evitar problemas futuros.

Cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, se dice que ha muerto “intestada”. En estos casos, la ley establece quiénes son los herederos y cómo se reparte la herencia. Aunque el proceso está regulado, suele ser más lento, más complejo y, en muchos casos, más costoso.

En ausencia de testamento, no son los familiares quienes deciden el reparto de los bienes, sino que se aplica el orden de sucesión legal establecido en el Código Civil. Este orden determina quién hereda en función del grado de parentesco con la persona fallecida.

En primer lugar, heredan los hijos y descendientes. Si alguno de los hijos ha fallecido, su parte corresponde a sus propios hijos (los nietos del fallecido). En caso de no haber descendientes, la herencia pasa a los padres o ascendientes.

Si tampoco hay ascendientes, el siguiente en la línea son el cónyuge viudo. Es importante tener en cuenta que el cónyuge no hereda en propiedad en todos los casos, sino que normalmente tiene derecho al usufructo de una parte de la herencia.

En ausencia de todos los anteriores, heredan los hermanos y otros familiares hasta el cuarto grado (sobrinos, tíos, primos). Si no existe ningún familiar, la herencia pasa al Estado.

Antes de poder repartir la herencia, es necesario realizar un trámite llamado declaración de herederos abintestato. Este procedimiento sirve para determinar oficialmente quiénes son los herederos legales. Puede hacerse ante notario cuando se trata de familiares directos, pero aun así implica más gestiones que si existiera testamento.

Una vez declarados los herederos, se procede al reparto de la herencia y a la liquidación de impuestos, como el Impuesto de Sucesiones y, en su caso, la plusvalía municipal. El hecho de no tener testamento no exime del pago de estos impuestos.

Fallecer sin testamento también puede generar conflictos familiares, ya que no siempre coincide la voluntad del fallecido con lo que establece la ley. Además, puede provocar retrasos en el acceso a los bienes, bloqueos en cuentas bancarias o dificultades para vender propiedades.

En definitiva, aunque la ley establece un sistema para estos casos, fallecer sin testamento complica el proceso y puede generar costes y problemas innecesarios para los herederos. Por ello, hacer testamento es un trámite sencillo y económico que permite dejar claras las voluntades y facilitar enormemente la gestión de la herencia.

Una de las dudas más habituales en planificación patrimonial es si conviene más donar bienes en vida o transmitirlos mediante herencia. La respuesta no es única, ya que depende de factores fiscales, familiares y económicos. Sin embargo, conocer las diferencias es clave para tomar una decisión acertada.

Donar en vida consiste en transmitir bienes o dinero a otra persona mientras el titular sigue vivo. Esta opción permite adelantar la transmisión del patrimonio y, en muchos casos, ayudar a hijos o familiares en momentos importantes, como la compra de una vivienda o el inicio de un negocio. Además, permite planificar con mayor control cómo y cuándo se reparten los bienes.

Por otro lado, la herencia se produce tras el fallecimiento y se rige por lo establecido en el testamento o, en su defecto, por la ley. Es una opción más tradicional y, en muchos casos, más sencilla desde el punto de vista de gestión, ya que no requiere trámites en vida ni implica la pérdida del control sobre los bienes.

Desde el punto de vista fiscal, es donde encontramos las principales diferencias. Tanto las donaciones como las herencias están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pero su coste puede variar mucho según la comunidad autónoma. En algunas regiones, las herencias cuentan con importantes bonificaciones, mientras que las donaciones pueden tener una tributación más elevada.

Además, en las donaciones hay que tener en cuenta un aspecto clave: quien dona puede tener que tributar en su IRPF por la ganancia patrimonial generada, como si hubiera vendido el bien. Esto no ocurre en las herencias, lo que en muchos casos las hace más favorables fiscalmente.

Sin embargo, donar en vida también tiene ventajas importantes. Permite evitar conflictos futuros entre herederos, facilita la planificación y puede reducir la carga fiscal global si se hace de forma estratégica y escalonada. También puede ser útil en comunidades autónomas donde las donaciones están bonificadas.

Otro factor a tener en cuenta es el control sobre los bienes. Al donar, se pierde la titularidad, aunque existen fórmulas como la donación con usufructo que permiten seguir utilizando el bien. En cambio, con la herencia, el titular mantiene el control total hasta el fallecimiento.

En definitiva, no hay una opción mejor en todos los casos. Donar en vida puede ser interesante para planificar y ayudar a los familiares en momentos clave, mientras que heredar suele ser más sencillo y, en muchos casos, más eficiente fiscalmente. La mejor decisión depende de la situación personal, del tipo de bienes y de la normativa autonómica aplicable.

Antes de tomar una decisión, es fundamental analizar cada caso concreto y planificar correctamente. Un buen asesoramiento puede ayudarte a minimizar impuestos, evitar conflictos familiares y asegurar que tu patrimonio se transmite de la forma más eficiente posible.

Crear una Sociedad Limitada (SL) es una de las decisiones más importantes cuando un proyecto empieza a consolidarse. Muchos emprendedores se plantean dar el paso desde autónomo a sociedad para limitar su responsabilidad, mejorar su imagen frente a clientes y proveedores o planificar mejor su fiscalidad. Sin embargo, antes de constituirla conviene tener claro cuánto cuesta y qué requisitos son necesarios.

En primer lugar, es importante saber que actualmente se puede crear una SL con un capital social mínimo de 1 euro. No obstante, aunque legalmente sea posible, lo habitual y recomendable es aportar una cantidad mayor, como 3.000 euros, que tradicionalmente ha sido el mínimo exigido. Si se constituye con menos de 3.000 euros, la sociedad deberá destinar parte de sus beneficios a reserva hasta alcanzar esa cifra, lo que implica ciertas limitaciones iniciales.

El siguiente paso es solicitar la certificación negativa del nombre en el Registro Mercantil Central. Este trámite sirve para comprobar que la denominación social elegida no está ya registrada por otra empresa. Una vez aprobado el nombre, se procede a la redacción de los estatutos sociales, donde se regulan aspectos esenciales como el objeto social (la actividad que desarrollará la empresa), el domicilio, el capital aportado y el sistema de administración. Una redacción adecuada es clave para evitar problemas futuros.

Posteriormente, la constitución de la sociedad debe formalizarse mediante escritura pública ante notario. En este acto se identifican los socios, se detallan sus aportaciones y se establecen las normas básicas de funcionamiento de la empresa. Tras la firma, es necesario dar de alta la sociedad en Hacienda mediante la presentación del modelo 036 para obtener el NIF provisional y comunicar el inicio de la actividad.

El último paso del proceso es la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil provincial. Una vez inscrita, la sociedad adquiere plena personalidad jurídica y se obtiene el NIF definitivo. A partir de ese momento, la SL puede operar con total normalidad.

En cuanto al coste de creación, los gastos habituales suelen incluir la certificación negativa del nombre, que ronda los 15 o 20 euros, la notaría, que suele situarse entre 150 y 300 euros, y el Registro Mercantil, cuyo coste puede oscilar entre 100 y 200 euros. En términos generales, crear una SL suele suponer un desembolso aproximado de entre 300 y 600 euros, sin contar el capital social aportado.

No obstante, conviene tener en cuenta que el verdadero compromiso económico no está solo en la constitución, sino en las obligaciones posteriores. Una Sociedad Limitada debe llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio, presentar impuestos trimestrales y anuales, liquidar el Impuesto sobre Sociedades y depositar cuentas anuales en el Registro Mercantil. Estas obligaciones implican una mayor carga administrativa y, normalmente, la necesidad de contar con asesoramiento profesional.

Crear una Sociedad Limitada no es un proceso complejo, pero sí requiere cumplir una serie de requisitos formales y asumir responsabilidades contables y fiscales. Antes de dar el paso, es aconsejable analizar la situación concreta del negocio para determinar si es el momento adecuado y cuál es la estructura más conveniente. Un buen asesoramiento desde el inicio puede evitar errores que, a medio plazo, resultan mucho más costosos que la propia constitución de la sociedad.